Hace 76 años, en 1948, la Asamblea General de la ONU adoptaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito en la historia de la humanidad que afirmaba la dignidad, la igualdad y los derechos fundamentales de todas las personas. Fue un momento de esperanza, en el que la comunidad internacional se comprometió a garantizar la protección de los derechos humanos para prevenir futuros abusos tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, hoy, a medida que avanzan los años, el respeto por estos derechos se está diluyendo rápidamente, especialmente cuando se trata de la lucha del pueblo palestino. Las violaciones de derechos humanos contra Palestina no son algo reciente: han sido parte de la historia desde la Nakba de 1948, cuando miles de palestinos fueron desplazados, asesinados y despojados de su tierra. La limpieza étnica y el genocidio palestino no solo han sido constantes desde entonces, sino que han sido sistemáticos y han sido exacerbados con cada intervención militar israelí, las políticas de ocupación, los bloqueos y las masacres. Lo que estamos presenciando hoy, con la intensificación del genocidio en 2023, es la consumación de un proceso colonial que ha estado en marcha durante más de siete décadas.
Desde octubre de 2023, la situación se ha convertido en una agresión aún más brutal, con el respaldo incondicional de potencias internacionales como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, quienes, en lugar de actuar para detener las violaciones de derechos, financian, arman y avalan el accionar israelí. Estos gobiernos, al igual que los organismos internacionales que debieran velar por la justicia, como la ONU, permiten que las atrocidades continúen sin consecuencias, garantizando la impunidad de Israel.
El sistema jurídico internacional, lejos de erradicar la violencia, ha sido moldeado para administrarla según las líneas de poder imperialistas y coloniales. El orden global actual define lo que es “violencia legítima” y “violencia ilegítima” en función de intereses geopolíticos, y en este marco, la violencia que Israel inflige a Palestina se silencia, mientras que se criminalizan las luchas legítimas por la libertad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un pacto de humanidad, un compromiso colectivo de respeto y justicia para todos. Sin embargo, hoy, más que nunca, es evidente que este compromiso solo se aplica de manera selectiva. La lucha del pueblo palestino, que ha resistido por generaciones y continúa en pie frente a la opresión, nos recuerda que los derechos humanos no son un privilegio de unos pocos, sino una responsabilidad universal. La justicia no puede ser negociada, ni debe estar subordinada a intereses geopolíticos o comerciales, menos aún a intereses coloniales e imperialistas.
¡Palestina no está sola en su lucha! La voz de los pueblos oprimidos se alza más fuerte que nunca, porque los derechos humanos no se negocian, ni se olvidan.