¿Qué implica un embargo militar integral a Israel y las acciones propuestas para Chile?
Un embargo militar integral a Israel consiste en la prohibición total de la venta, adquisición, transferencia y suministro de armas, municiones, inteligencia, tecnología militar y otros recursos que puedan tener fines bélicos o represivos. Este embargo aplicaría tanto a Israel como a los Territorios Palestinos Ocupados y busca frenar la cooperación militar entre los Estados involucrados en estos intercambios.
Obligaciones internacionales
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha subrayado que actuar contra la ocupación, colonización y apartheid israelíes es tanto un imperativo moral como una obligación legal para los Estados, que deben asegurar el cumplimiento del derecho internacional y abstenerse de reconocer la ocupación ilegal.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y expertos en derechos humanos han recomendado imponer un embargo militar integral, respaldando esta postura con la resolución de la Asamblea General de la ONU del 22 de julio de 2024, que exige el respeto a los dictámenes de la CIJ.
Además, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por Chile, obliga a los Estados a prevenir y sancionar genocidios, exigiendo una acción contundente en situaciones como la de Palestina, donde se denuncian crímenes atroces por parte de Israel.
¿Qué medidas debe tomar Chile?
Para unirse a un embargo militar integral contra Israel, se proponen una serie de medidas clave para el Estado chileno:
- Poner fin a la cooperación militar, anulando acuerdos bilaterales como el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Bilateral en Defensa y el Memorándum de Entendimiento en Seguridad y Seguridad Nacional.
- Prohibir cualquier tipo de transferencia o comercio de armas, municiones, pertrechos militares y tecnología militar, incluidos los softwares espía israelíes.
- Terminar proyectos de seguridad conjuntos con Israel.
- Excluir a empresas israelíes de contratos públicos de defensa y seguridad, y poner fin a las adquisiciones de bienes y servicios que las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad mantienen con estas industrias.
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