Respaldo a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que pide sanciones contra Israel para implementar el fallo de la CIJ sobre la ilegalidad de su ocupación
El Comité Nacional Palestino de BDS (BNC), la mayor coalición de la sociedad palestina que lidera el movimiento BDS global, pide que se presione de inmediato a todos los Estados para que apoyen la resolución actualizada presentada en la Asamblea General de la ONU que pide sanciones a Israel. La resolución tiene por objeto promulgar la Opinión Consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ilegalidad de la ocupación israelí del territorio palestino y su violación de la prohibición del apartheid en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Se espera una votación en unos días.
Esta resolución, una versión diluida de un borrador anterior, no cumple con el mínimo indispensable de obligaciones legales de los Estados para implementar el fallo de la CIJ, sin duda como resultado de la intensa intimidación y el acoso por parte del Occidente colonial (encabezado por los Estados Unidos), los socios de Israel en el actual genocidio en Gaza contra 2,3 millones de palestinos. Al relegar el fin del genocidio en Gaza a una cuestión de último momento, la resolución ignora su máxima urgencia. A pesar de este fracaso evidente, la resolución exige:
– Poner fin a la ocupación ilegal de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, por Israel en un plazo de 12 meses;- Poner fin a la complicidad de los Estados en la ayuda o el mantenimiento de esta ocupación mediante la imposición de sanciones comerciales y militares, como “la suspensión de la importación de cualquier producto originario de los asentamientos israelíes, así como del suministro o la transferencia de armas, municiones y equipo conexo” a Israel. En abril de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió un embargo a “la venta, transferencia y desvío de armas, municiones y otro equipo militar a Israel, la Potencia ocupante”;-
Prevenir, prohibir y erradicar las violaciones por parte de Israel del artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial identificadas en la opinión consultiva, respecto del apartheid;- Imponer sanciones, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos, contra personas y entidades que participen en el mantenimiento de la ocupación ilegal de Israel.Limitada en su alcance a abordar un mero subconjunto de los derechos palestinos, la resolución no perjudica, y de hecho no puede perjudicar, legal ni moralmente los demás derechos del pueblo indígena de Palestina, en particular el derecho de nuestros refugiados desde la Nakba de 1948 a regresar y recibir reparaciones y el derecho del pueblo palestino, incluidos los que son ciudadanos del Israel del apartheid, a la liberación del colonialismo de asentamiento y del apartheid. Por lo tanto, apoyar esta resolución sería sólo un paso en la dirección correcta. No puede eximir a los Estados de sus obligaciones jurídicas y morales de poner fin a toda complicidad con el régimen de opresión de Israel. Siguen siendo absolutamente necesarias sanciones significativas y específicas por parte de los Estados y los grupos interestatales (la Organización de Cooperación Islámica, la Liga Árabe, la Unión Africana, etc.) para detener el genocidio de Israel y poner fin a su ocupación y apartheid. No hacerlo socavaría aún más la credibilidad y la pertinencia del derecho internacional para la mayoría mundial.Docenas de expertos de derechos humanos de la ONU han confirmado que el fallo de la CIJ “ha reafirmado finalmente un principio que parecía poco claro, incluso para las Naciones Unidas: la libertad frente a la ocupación militar extranjera, la segregación racial y el apartheid es absolutamente innegociable”. El fallo, en efecto, afirma que el BDS no es sólo un derecho sino también “una obligación”, y constituye un cambio de paradigma desde uno centrado en las “negociaciones” entre opresores y oprimidos a uno centrado en la rendición de cuentas, las sanciones y la aplicación de la ley para poner fin al sistema de opresión y defender los derechos inalienables e internacionalmente reconocidos del pueblo palestino.Para aplicar sinceramente el fallo de la CIJ sobre la ocupación y cumplir con las obligaciones legales derivadas de la conclusión anterior del tribunal de que Israel está perpetrando de manera plausible un genocidio en Gaza, y en consonancia con las demandas de los expertos de derechos humanos de la ONU, se debe presionar a todos los Estados para que inmediatamente:- Imponer un embargo integral de armas a Israel, que incluya la exportación, la importación, el envío y el tránsito de artículos militares y de doble uso, la cooperación militar y la investigación académica e industrial;- Imponer sanciones al comercio, las finanzas, los viajes, la tecnología y la cooperación con Israel;
– “Revisar todos los vínculos diplomáticos, políticos y económicos con Israel, incluidos los negocios y las finanzas, los fondos de pensiones, el mundo académico y las organizaciones benéficas”, como afirmaron los expertos de la ONU, para garantizar el fin de toda complicidad en la ocupación ilegal de Israel;
– Imponer un embargo a las exportaciones de petróleo, carbón y otros recursos energéticos a Israel;
– Declarar apoyo a la suspensión de la membresía del Israel del apartheid en la ONU, como se suspendió la Sudáfrica del apartheid;
– Adoptar medidas inmediatas para garantizar que su relación económica con Israel y las actividades de las empresas domiciliadas en sus territorios no infrinjan su deber de prevenir y de no ser cómplices del genocidio y no sean cómplices de la comisión por parte de Israel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad;
– Reafirmar el derecho de los refugiados palestinos a regresar, de conformidad con la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y apoyar plenamente al OOPS hasta que se pueda ejercer ese derecho.
