1.- Cada 10 de diciembre se conmemora a nivel mundial, el Día de los Derechos Humanos con el fin de relevar uno de los compromisos internacionales más trascendentales que ha reunido al mundo: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada un 10 de diciembre de 1948.
También este 10 de diciembre se conmemora el 76° aniversario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada conjuntamente con la Declaración Universal.
Así mismo un 10 de diciembre de 1984 entró en vigor la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.
2.- Todos estos instrumentos buscan resguardar el derecho a la vida, a la integridad y la dignidad de todos los seres humanos indistintamente. Sin embargo, hoy como nunca en estos 76 años la mayor parte de la humanidad se encuentra en peligro inminente de perecer: desastres naturales, hambrunas, enfermedades y guerras que son una grosera exhibición de armamento de alto poder y de masiva destrucción. Las decisiones de las grandes potencias mundiales empujadas por su voracidad de poder y de apropiación de las riquezas de los pueblos, han llevado a la humanidad a un punto de difícil retorno y el imperativo de la PAZ no logra cobrar sentido ni empujar los cambios que hoy urgen.
3.- El crimen de genocidio transmitido en tiempo real contra Palestina, ya no solo busca hacer desaparecer a ese pueblo en un ataque generalizado contra su población civil, sino destruir todo vestigio de su existencia en la historia del ser humano. La prevención que busca la Convención del crimen de genocidio no logró jugar ningún papel, siendo la deshumanización de las personas de Palestina un signo inequívoco que Israel se proponía realizar un genocidio, no hubo cortafuegos que detuvieran su avance apoyado por los países llamados desarrollados y el silencio funcional de los países dependientes como el nuestro. Los medios de comunicación alineados en su favor siguen difundiendo declaraciones deshumanizadoras que solo buscan justificar los cruentos asesinatos, torturas y mutilaciones de miles de niños y niñas, mujeres y civiles desarmados.
4. Nuestro país ha decidido a través de sucesivos gobiernos colocarse al alero de las potencias norteamericana y europea. El extractivismo y superexplotación de los bienes que posee Chile ha significado la destrucción de los bosques y glaciares; la explotación de los minerales contamina las aguas, los ríos y los mares; Chile ha sido entregado mediante tratados de libre comercio a las grandes potencias como un botín y ello se ha acompañado de la promulgación de leyes represivas, reñidas con el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de las personas, que niegan la dignidad humana y derechos sociales necesarios de garantizar en una sociedad democrática, civilizada que busque colocar la paz y la justicia social al centro de los vínculos ciudadanos. El saldo en el Chile represivo de hoy mantiene a cientos de mapuches encarcelados, en prisión preventiva varios de ellos y otros condenados al altas condenas de cárcel, sin derecho real a la defensa y con falsos testigos policiales; la tortura, instrumento de castigo y de sometimiento ha seguido campeando y no existen verdaderas políticas públicas que busquen su abolición; recientemente, la corte suprema condenó por 6 casos de torturas a varios agentes del Estado. La desaparición forzada de personas sigue vigente y de muestra un botón: desde el 8 de noviembre, Julia Chuñil Catricura, se encuentra desaparecida; Julia de 72 años, es dirigente de su comunidad; fue amenazada por el latifundista Juan Carlos Morstand Andwanter quien asegura ser el dueño del fundo Lafrir, ex Reserva Cora en Mafil y que la CONADI por omisión permitió la escalada de estas amenazas que hoy tienen a la Sra. Julia Chuñil Catricura, desaparecida y hasta el momento, sin ninguna acción ni decir de la CONADI.
5.- La derecha y ultraderecha política-económica chilena han estigmatizado a los sectores populares que hicieron uso del derecho a la protesta social en octubre 2019 y meses siguientes, tildándolos de terroristas, delincuentes, octubristas y otros epítetos para ocultar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la Revuelta Social; de ese modo, quienes fueron detenidos durante la Revuelta, han sido enjuiciados como delincuentes comunes y quienes resultaron mutilados y heridos, algunos con daño permanente, no han sido reparados.
La derecha y los mandos policiales atrincherados han resistido toda reestructuración de una institución que sigue siendo un cuerpo militarizado, que actúa bajo la lógica del “enemigo interno”, que sigue realizando labores de “inteligencia policial y política”, escuchas telefónicas contra dirigentes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, fuera de toda legalidad. La mayoría de los policías identificados y procesados por violaciones a los derechos humanos durante la Revuelta Social, han quedado en la impunidad logrando a la fecha solo un 0.5% de justicia ante la mayor crisis humanitaria que ha vivido Chile luego del golpe de 1973. Y es que la Ley N 21.560 conocida también como la ley Nain Retamal que so pretexto de la legítima defensa privilegiada no solo permite a los policías disparar a
matar a las personas, sino que también les asegura impunidad.
Esa ley lleva a lo menos 30 personas asesinadas por agentes del Estado, incluidos, menores de edad; es más, dos días antes de la aprobación de esta ley, fue asesinado David Toro en San Antonio. El policía que disparó se acogió a esta norma y quedó impune al disparar su subametralladora contra David que tenía sus manos en alto. También han sido asesinados Nehomar Terán en Coquimbo; Maritza Pizarro en Antofagasta, Tomás Pérez y Maximiliano Rodríguez en Santiago, de 16 y 18 años respectivamente, ambos con tiros por la espalda. ¿Legítima defensa privilegiada o legalidad para matar?
6.- A esto se suman normas que colocan en peligro el derecho a la vida como la ley Reglas del Uso de la Fuerza que cambia los protocolos de actuación y uso de la fuerza de las policías; la modificación de la ley antiterrorista que amenaza con altas penas para quienes tipifiquen bajo esas conductas y que actualmente, está en el parlamento; la Ley anti usurpaciones, que criminaliza contra las tomas de terrenos a los sin techo y la nueva ley de migraciones que criminaliza a los trabajadores y trabajadoras que vienen al supuesto “oasis” en busca de mejores horizontes.
A la regresión que vivimos en materia de derechos humanos de primera generación se agrega la negación de derechos sociales y asistimos en el presente a una potencial “reconfiguración de facto” del aparato de Estado donde el populismo autoritario de la ultra derecha busca el despido de cientos de trabajadores de los servicios públicos y barrer con ello, importante institucionalidad estatal como las relacionadas con los derechos de las mujeres, infancias, educación pública, derechos humanos, memorias y que hoy ya pasan por tortuosos caminos de aprobación presupuestaria y amenazas de inmovilización.
7.- Este 10 de diciembre 2024 y a 76 años de la Proclama de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reiteramos que la Paz es un imperativo para la humanidad hoy y que solo podemos anteponer la solidaridad de todos los pueblos contra el genocidio en Palestina y, por tanto, exigimos al Gobierno de Chile, romper vínculos con Israel.
Nos sumamos al reclamo de una ley de Reparación Integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos acontecidos durante la Revuelta Social tomando como punto de partida la propuesta hecha por la Mesa dirigida por la Senadora Campillai.
Exigimos al Gobierno una investigación amplia, veraz y exhaustiva sobre la desaparición de la Sra. Julia Chuñil Catricura y juicio a quienes resulten responsables de su desaparición.
Llamamos al movimiento de defensa y promoción de los derechos humanos a luchar por la abolición de la Ley Nain Retamal y demás leyes represivas.
Llamamos al pueblo a movilizarse por más derechos humanos, por más justicia social y por hacer retroceder a la derecha negacionista, represiva, corrupta, autoritaria y populista.
Comisión Ética Contra la Tortura
10 de diciembre de 2024