Respuesta de la Coordinadora Feminista 8M a la rectora y el Consejo Universitario de la Universidad de Chile publicada en https://www.ciperchile.cl/2024/05/27/cartas-universidades-e-israel/
Señor director: Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Este crimen contra la humanidad se desarrolla con la complicidad de gobiernos del norte global, como los de Alemania, Francia y Estados Unidos, que financian y legitiman la campaña de exterminio desplegada en Palestina bajo la ocupación colonial del Estado de Israel. El asesinato de la población civil palestina (más de catorce mil quinientos de ellos niñas y niños), el empleo del hambre como arma de guerra, y la destrucción de todas y cada una de las universidades y hospitales de Gaza son sólo algunos de los múltiples e imborrables crímenes perpetrados por el Estado de Israel y el gobierno de Benjamín Netanyahu, actualmente perseguido por la justicia internacional. Estos actores han ignorado todas las resoluciones de Naciones Unidas y las medidas provisionales establecidas por la Corte Internacional de Justicia. Sólo dos días después de que esta última exigiera a Israel el cese inmediato al fuego, Israel ha bombardeado el campo de desplazados de Rafah, asesinando a decenas de civiles. En este contexto, los pueblos del mundo llevan meses movilizados para denunciar esta operación militar de carácter genocida, la ocupación colonial del Estado de Israel, y exigir el cese del fuego y medidas de sanción que permitan detener el horror.
Entre las diversas movilizaciones desplegadas en solidaridad con el pueblo palestino, estudiantes de diversas partes del planeta han llevado a cabo acampadas universitarias. Estas acampadas exigen la suspensión de las relaciones institucionales con las Universidades de Israel por su complicidad con el genocidio en curso. Está extensamente documentado que estas instituciones educativas colaboran con la ocupación, limpieza étnica y el sistema de apartheid del Estado de Israel, mientras este se dedica a la destrucción sistemática de la actividad académica palestina [WIND 2024]. Basándose en estos antecedentes, rectores y comunidades universitarias de 76 universidades de España tomaron la decisión histórica de “suspender sus acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación de Israel que no han expresado un compromiso firme con la paz y con el respeto del derecho internacional humanitario”.
En nuestro país, sumándose a las movilizaciones mundiales, estudiantes de la Universidad de Chile han estado acampando en los patios de la Casa Central desde el 15 de mayo. Exigen que la universidad ponga fin a sus relaciones académicas con universidades israelíes, cuestión que ya materializó la Facultad de Filosofía y Humanidades. Además, las y los estudiantes apoyan la demanda de la Coordinadora por Palestina, que exige el cese de las relaciones comerciales, militares y diplomáticas del Estado de Chile con el Estado de Israel.
A través de un comunicado, la rectora Rosa Devés y el Consejo Universitario han respondido a las movilizaciones señalando que los convenios académicos con otras universidades deben analizarse según su mérito en función del intercambio académico. Sin embargo, dado el lugar central que las mismas autoridades universitarias otorgan a la defensa de los derechos humanos, evaluar los convenios en su mérito académico no puede significar excluir de la consideración el compromiso de esas instituciones con los derechos humanos en el contexto de un genocidio en curso.
Al momento de iniciar el acampe, la Universidad de Chile mantenía convenio con tres universidades de Israel: la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Ben Gurion. La Universidad Hebrea de Jerusalén ha contribuido logísticamente con el ejército durante el genocidio en Gaza; en su campus, parcialmente construido sobre sobre terreno ilegalmente ocupado por el Estado de Israel, se emplaza una base militar donde se entrenan miembros del ejército israelí. La Universidad de Tel Aviv tiene centros que dirige conjuntamente con la industria militar y de armamento del Estado de Israel; aloja el Institute for National Security Studies, desde donde se desarrolló la doctrina Dahiya -también conocida como «fuerza desproporcionada»-, doctrina militar del ejército genocida que promueve la destrucción de infraestructura nacional y llama a infligir intenso sufrimiento en la población civil; además, invierte en la empresa que desarrolla los enjambres de drones con los que se bombardea a la población civil en Gaza. Finalmente, la Universidad de Ben Gurion aloja el Homeland Security Institute, a través del cual sostiene una relación institucional con la industria que produce armamento para el ejército genocida y con el Ministerio de Defensa de Israel. El ejército de Israel está construyendo un campus tecnológico junto a esa Universidad, para afianzar los lazos con ella e incrementar las capacidades operativas de las fuerzas armadas genocidas.
Rosa Devés ha participado en prensa comparando la situación de las universidades de Israel con la de la Universidad de Chile en dictadura, diciendo que cortar relaciones es acallar a las voces críticas en esas universidades, y que en la Dictadura cortar relaciones con la Universidad de Chile hubiese significado aislar a su comunidad académica y a las personas disidentes en ella. En primer lugar, a diferencia de lo que ocurría en Chile durante la dictadura, en Israel no son las comunidades universitarias de estas instituciones las víctimas de crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, cabe preguntarse cuál ha sido realmente el compromiso de la Universidad de Chile con las voces críticas que la rectora dice defender y en nombre de las cuales se decide mantener los convenios y no someterlos a evaluación: la Universidad de Ben Gurion, una de las universidades en convenio, denunció públicamente a académicos y académicas que firmaron una carta llamando al fin del genocidio. Los convenios que sostiene la Universidad de Chile en nada contribuyeron a resguardar su voz crítica.
Los convenios de la universidad con estos espacios institucionalmente comprometidos con el genocidio no protegen los derechos humanos, sino que, al contrario, expresan una complicidad pasiva con las instituciones y con un Estado cuya acción amenaza con convertir los derechos humanos en letra muerta, uno de los mayores peligros de nuestro tiempo. ¿Para qué sirven hoy los convenios de la Universidad de Chile con Universidades de Israel? Para normalizar las relaciones con un Estado genocida, y fortalecer la imagen pública de las instituciones que persiguen a la disidencia en su interior mientras apoyan el exterminio del pueblo palestino.
Como feministas, hemos asumido con firmeza la causa palestina. Sabemos que poner fin a la ocupación y al genocidio que sufre el pueblo palestino a manos del Estado de Israel es una tarea colectiva, y desde esa posición es que llamamos a toda la sociedad para que se sume a la denuncia y respalde la lucha contra la barbarie que estamos presenciando. Eso implica que las comunidades universitarias, sindicatos de trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, partidos políticos y toda la población se posicione clara y activamente contra este genocidio en curso. Nuestra solidaridad internacional es fundamental para confrontar esta opresión sistemática.
