Santiago, 27 de agosto de 2024

Señor

Gabriel Boric Font

Presidente de la República de Chile

Presente

Como activistas del movimiento BDS Chile (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) y miembros de la Coordinadora por Palestina, constituida por más de 140 organizaciones de la sociedad civil y más de 900 activistas por una Palestina libre, nos dirigimos a usted en su calidad de Presidente de la República, en tanto responsable constitucional por las Relaciones Internacionales de Chile, solicitando al Gobierno de Chile tomar medidas concretas y urgentes ante al genocidio que Israel ha estado perpetrando contra el pueblo palestino durante más de 10 meses.

Desde el 7 de octubre del 2023, el mundo entero ha sido testigo de los más brutales ataques y masacres que Israel jamás haya cometido contra el pueblo palestino. Ya el 15 de octubre del año pasado, 800 académicos, investigadores y profesionales del derecho internacional, estudiosos de conflictos y estudiosos sobre genocidio, publicaron una carta alertando que los ataques cometidos por Israel, tan sólo durante esa semana, podían constituir genocidio.

Un artículo publicado este 5 de julio en la revista médica The Lancet, escrito por los médicos epidemiólogos, Rasha Khatib y Salim Yusuf, y el especialista Martin McKee, miembro del consejo editorial de la Revista Israelí de Investigación de Políticas de Salud y miembro del Comité Asesor Internacional del Instituto Nacional de Israel para la Investigación de Políticas de Salud, declara que las cifras oficiales de palestinos que han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre del año pasado están muy por debajo de los números reales. 

Durante el transcurso de estos 10 meses de genocidio, el Ministerio de Salud en Gaza ha sido la única institución que ha estado contabilizando las muertes de los palestinos causadas directamente por los ataques israelíes, cifras que han sido aceptadas por las Naciones Unidas, la Organicación Mundial de la Salud, y los servicios de inteligencia israelí. Estos cálculos alcanzaron los 37.396 muertos el día 19 de junio de este año, sin embargo, no contabilizan las vidas de aproximadamente 10.000 palestinos que se presumen muertos bajo los escombros, ni tampoco las vidas que han sido arrebatadas por la hambruna, la deshidratación, las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y la falta de refugio, entre otros factores producidos por la intensidad en la destrucción de infraestructura que Israel está perpetrando. Considerando que hace 4 meses atrás, el 18 de abril, Oxfam anunció que Israel ya había destruido el 70% de la infraestructura en Gaza, y dado que sus ataques han continuado sin descanso, es plausible suponer que al día de hoy la destrucción de infraestructura en Gaza es muchomayor que la cifra en abril.

Por estas razones, argumentan los médicos autores del artículo, las cifras de palestinos muertos por causas “indirectas” como la hambruna, la deshidratación y las enfermedades, debieran aumentar considerablemente la cantidad total de muertes palestinas que existen hasta el día de hoy, y seguirán aumentando enormemente mientras continúe el genocidio. En otros conflictos recientes en el mundo las muertes “indirectas” se calculan entre 3 a 15 veces más que las muertes por violencia directa. Por lo tanto, si se aplica una estimación conservadora de cuatro muertes indirectas por cada muerte directa contabilizada en la cifra de 37.396 palestinos asesinados, entonces la cantidad de palestinos muertos a causa del genocidio aumentaría a un total de 186.000. Estas cifras, sin embargo, son conservadoras, porque si se aplica una estimación tomando la mayor cifra posible, el total de palestinos asesinados estaría por sobre los 560.000.

Debemos recordar también que, aún si el genocidio se detuviera en este mismo momento, las muertes palestinas continuarían por muchos años más debido a las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la falta de agua, alimento y cobijo, y la grave crisis humanitaria que Gaza ha experimentado a manos de Israel durante más de una década antes de que comenzara el genocidio.

Desde el comienzo de esta campaña de aniquilamiento, los líderes israelíes han realizado muchas declaraciones abiertamente genocidas. El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció el 7 de octubre que lanzaría una ofensiva prolongada que convertiría los centros urbanos de Gaza, en ese entonces densamente poblados, en escombros. El Presidente Isaac Herzog anunció que, para Israel, “toda la población de Gaza es responsable de las acciones de militantes y, por lo tanto, serán sujetos al castigo colectivo y al uso de la fuerza irrestricta”. Por su parte Yisrael Katz, Ministro de Energía e Infraestructura, dijo que toda la población de Gaza se quedaría sin ninguna gota de agua y que debían abandonar este mundo. Estos son sólo unos pocos ejemplos de los llamados a la exterminación de la población palestina, entre muchos más, como la “Masacre de la Harina”, el descubrimiento de fosas comunes de cientos de cadáveres bajo los hospitales destruidos de Nasser y Al-Shifa, y recientemente el uso extremo y desmedido de centros masivos de tortura, incluyendo la violacion sexual. Estos actos, que son sólo algunos ejemplos de las graves violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario perpetradas por Israel.

Los crímenes cometidos en contra del pueblo palestino, así como los actos de negarle a la población el acceso a agua, comida, medicina y combustible, reúnen los criterios para constituir crimen de genocidio, como ya lo ha afirmado la misma Corte Internacional de Justicia. Es más, en su último fallo, la CIJ declaró que la ocupación de Israel es ilegal y que equivale a la anexión, una política que constituye un crimen de agresión en flagrante violación al derecho internacional, e insiste en que Israel ponga fin de inmediato a la ocupación ilegal, revierta el curso de esta anexión y repare los daños infligidos. Además, y por primera vez en su historia, la CIJ declara que Israel viola la prohibición internacional de la segregación racial y es responsable de la comisión del crimen de Apartheid, un crimen categorizado como crimen contra la humanidad. 

En la decisión autorizada de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de julio de este año, la Corte establece que la ocupación israelí en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este es completamente ilegal, y que Israel comete el crimen del apartheid y la segregación racial, y que por ende todos los estados tienen la obligación de ayudar a poner fin a estos crímenes por todos los medios que tengan a su alcance, incluyendo el corte de relaciones comerciales y militares con Israel.

La CIJ observa que el derecho a la autodeterminación de los palestinos, sus derechos en el marco del Derecho Internacional Humanitario y la prohibición de que Israel adquiera territorios por la fuerza, imponen obligaciones “erga omnes” que todos los estados deben cumplir. Entre estas obligaciones, se encuentra el deber de no reconocer ni asistir a la ocupación de ninguna manera, y el deber de tomar acciones para conseguir la igualdad de derechos y la autodeterminación del pueblo palestino. Cualquier acción llevada a cabo por cualquier país que, de alguna manera, reconozca la ocupación israelí, o que asista a Israel en la ocupación por medios económicos, militares y diplomáticos, sería ilegal.

Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, dijo en una entrevista reciente que Israel debería ser tratado como un estado paria, por las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional que este estado ha efectuado, no solamente durante el genocidio en curso, sino también por tantos otros hechos que ha revelado en sus informes anteriores al genocidio.

Chile tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para hacer que se cumplan las normas del Derecho Internacional, estipuladas en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Castigo del Genocidio, y los Estatutos de Roma, entre otros acuerdos de carácter imperante, y dejar de facilitar, por medio del silencio, la impunidad de la que goza Israel. Si bien es cierto que el Presidente Boric anunció que el estado de Chile adhiere a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, es de público conocimiento que no existe una instancia internacional que obligue a Israel a cumplir con los fallos de la Corte y que Israel desprecia abiertamente todas las opiniones de las cortes internacionales. 

Por lo tanto, es imperativo que Chile tome una postura política firme y consecuente con respecto a la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional Humanitario, tomando medidas coercitivas contra Israel de forma inmediata. De lo contrario, nos convertiría en cómplices del crimen de genocidio.

La única vía para hacer efectivo el cumplimiento de los fallos de las cortes internacionales, es con la movilización de terceros Estados que ejerzan acciones que constituyan un aporte concreto a la presión y al aislamiento internacional de Israel, para que ponga fin a sus crímenes.

En esta línea de acciones, apreciamos la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender las exportaciones de carbón que envía Colombia al Estado de Israel. El mandatario colombiano anunció que con este carbón Israel fabrica bombas para matar palestinos, y por lo tanto debe cancelar su exportación para no permitir que Colombia sea un estado cómplice, facilitando el genocidio que perpetra Israel contra Palestina.

Valoramos también la decisión del gobierno de Chile en haber excluido a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) en marzo de este año, sin embargo, al mismo tiempo consideramos que no es coherente con la participación de Chile en los ejercicios de guerra de RIMPAC 2024 junto a Israel, la cual condenamos no solo por la participación junto a un Estado de apartheid que está llevando a cabo un genocidio, sino también porque RIMPAC es un proyecto colonial que amenaza con una guerra aniquilacionista contra los pueblos del pacífico y China, sumándonos así a la lista de países que normalizan sus relaciones con el Estado de Israel y con proyectos imperialistas y colonialistas.

Como ciudadanos chilenos tenemos la obligación de exigir a nuestro gobierno actuar para detener el genocidio en los Territorios Palestinos Ocupados, adoptando una postura alineada con la defensa universal e irrestricta de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En virtud de lo anterior, es que solicitamos formalmente al Gobierno de Chile:

1. Terminar con los siguientes acuerdos acuerdos bilaterales:

-Memorándum de Entendimiento para la “Cooperación Bilateral en Defensa”.

-Memorándum de Entendimiento en las áreas de “Seguridad y Seguridad Nacional”.

2. Imponer de inmediato un embargo militar integral a Israel, como lo piden el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y decenas de expertos en derechos humanos de la ONU. Esto incluye la venta y transferencia de armas, equipo militar y tecnología de doble uso, y la prohibición de importar armas y software espía israelíes y de proyectos militares y de seguridad conjuntos.
3. Excluir a las empresas militares israelíes de los contratos de bienes o servicios, poniendo fin de manera inmediata a todas las adquisiciones y contratos que mantienen las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública con industrias de defensa y seguridad israelíes.
4. Prohibir el transporte de armas, piezas de armas, equipos militares e insumos para la fabricación de armas y explosivos desde Chile a Israel. Entre ellos, los elementos químicos y petroquímicos para la fabricación de bombas y municiones que transportan todas las semanas los barcos de MSC desde el Puerto de Valparaíso al Puerto de Haifa.
5. Excluir a Israel de eventos, ferias, exposiciones  y otros relacionados con la industria armamentística y de seguridad. Revocar la invitación a Israel a participar de la Expo Naval 2024 a realizarse en Valparaíso en diciembre de este año. La presencia de Israel y sus empresas, sería una señal completamente equívoca y contradictoria, que atentaría precisamente contra los dictámenes de la CIJ sobre la ocupación israelí, los cuales dejan claro que las desinversiones las sanciones contra la ocupación, la colonización y el apartheid israelíes no sólo son un imperativo moral sino también una obligación legal.
6. Autoexcluirse de ejercicios militares que incluyen a Israel. No volver a participar en RIMPAC en sus próximas versiones, ya que ello normaliza las relaciones con proyectos coloniales e imperialistas,  incluidos aquellos que cometen crimen de genocidio.

Israel sólo puede actuar con tanta impunidad porque los gobiernos, las empresas y los centros de investigación cooperan con su industria militar y de seguridad, y la apoyan.

Es imperativo que se imponga un embargo militar integral a Israel para poner fin a toda esta cooperación.

Así como nosotros, el pueblo de Chile, recibimos apoyo internacional para acabar con la cruenta dictadura civil-militar de Pinochet, creemos firmemente que ahora es nuestro deber extender esa misma solidaridad hacia el pueblo palestino. Sabemos que la única forma de conseguir la paz es a través de la justicia, y que debemos trabajar en conjunto para poner fin a este sangriento genocidio, y tantos otros aberrantes crímenes que comete Israel.  

Por el fin al genocidio, al apartheid, a la ocupación y al proyecto colonial de Israel sobre Palestina, por una Palestina libre y soberana, esperamos nuestras voces sean escuchadas.

Atentamente,

Claudia Yarur Thys, vocera BDS Chile

Tania Melnick Sainte-Marie, vocera de la Coordinadora por Palestina

C/C: Sra. Maya Fernández, Ministro de Defensa Nacional, Gobierno de Chile